En los pasillos de la Fiscalía y de la propia Corte Suprema de Justicia hay quienes afirman que no deja de llamar la atención que varios de los cabecillas paramilitares que hace un año se negaban a declarar ante las autoridades colombianas alegando que sus familias en Colombia corrían peligro si ellos empezaban a contar todo lo que sabían, de noviembre para acá parece que se olvidaron de ese riesgo y comenzaron a acusar a diestra y siniestra. ¿A qué se debería el cambio?

En los pasillos de la Casa de Nariño se rumora que el presidente Santos y su círculo más cercano ya tienen idea cierta del país en el que el prófugo exalto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se encuentra pidiendo asilo diplomático. Es más, se afirma que a la respectiva embajada en Bogotá ya le habría llegado un requerimiento de la Cancillería de ese país pidiendo información sobre el estatus judicial y político de Restrepo.

Las especulaciones en torno del país en donde posiblemente el exalto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, habría pedido asilo o alguna medida de protección, no tienen límite. Por ejemplo, un congresista liberal dijo el lunes pasado que Restrepo podría estar en cualquier lugar del mundo, incluso en Colombia, a donde podría haber ingresado tranquilamente por cualquier paso fronterizo terrestre y marítimo. “… Mientras la Interpol lo busca por todo el mundo, Restrepo bien podría estar en Colombia, escondido y sin mayor riesgo de ser capturado”, precisó el parlamentario.

La decisión de la Iglesia Católica de iniciar una mediación entre el Gobierno y las altas Cortes judiciales con miras a destrabar la búsqueda de consensos para el proyecto de reforma a la justicia que arranca quinto debate en la Comisión I del Senado, generó un apunte muy ácido de un veterano congresista al que un periodista encontró el viernes pasado en el aeropuerto Eldorado de Bogotá

La crisis en el Polo ya parece que no aguanta más espera para que se tomen decisiones de fondo. Por lo menos esa es la visión que tienen varios de los parlamentarios que consideran que la nueva presidenta de la colectividad, Clara López, debe darse la pela de reclamar las curules de los llamados ‘senadores rebeldes’ y dejar que sea el propio Congreso o alguna instancia judicial la que defina a quién le corresponden los escaños. “… Al Polo le hace mucho daño esa bipolaridad que está presentando ante la opinión pública y su propio electorado… Un día hablan los senadores de la línea oficialista y al otro los de la disidente… Creo que es hora de que se tome al toro por los cuernos y acabe todo este escenario contradictorio… De nada sirve ser una bancada de ocho senadores si opinan en distintas direcciones… Hay que definir lo de las curules ya, sin importar qué tanto se pierda o gane”, precisó un dirigente del Polo que pidió la reserva de su nombre.

En los pasillos de la Fiscalía se asegura que abogados de personas de los Llanos Orientales, especialmente de Caquetá, Meta y otros departamentos, se han acercado al ante acusador a sondear el ambiente frente a una posible colaboración para la entrega de fincas de distinto tamaño que, según los juristas, habrían sido puestas “a la fuerza” por cabecillas guerrilleros a nombre de particulares de distintos poblaciones, con el fin de ocultar que pertenecían a los subversivos. Las indagaciones de los abogados aumentaron en las últimas semanas luego de que el Gobierno, en medio del proceso de restitución de tierras, advirtiera que por lo menos 100 mil hectáreas arrebatadas a sangre y fuego por las Farc se encuentran en manos de presuntos testaferros.

La bancada parlamentaria antioqueña adelanta contactos para solicitar una reunión urgente con el presidente Juan Manuel Santos en la que le reclamarán por lo que consideran señales ‘inamistosas’ de entidades gubernamentales o centralizadas hacia ese departamento.

Meses atrás el vicepresidente Angelino Garzón dijo que debía buscarse un marco legal para la paz que permitiera dar algún tipo de flexibilidad o beneficio penal a los militares y policías que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado. Aunque la idea cayó en ese entonces en tierra infértil, e incluso no se le hizo mayor eco en el proyecto de marco legal para la paz que está discutiendo el Congreso, parece que en el arranque de la próxima legislatura se podría aterrizar una iniciativa no necesariamente en ese sentido pero que sí contemplaría algunos beneficios.

Dentro de la controversia en torno de si el reelecto Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, estaría buscando un nuevo período al frente de la entidad (especie que él mismo descartó), no se oculta el tempranero pulso partidista. Es claro que Pérez es de las filas conservadoras y que también se identifica como tal al procurador Alejandro Ordóñez, que cada día parece más claro buscaría repetir en el cargo y para ello contaría con el apoyo cerrado de las toldas azules. En ese orden de ideas, liberales y La U estarían jugados a que la Defensoría cambie de titular partidista y de allí los dardos que le estarían lanzando a Pérez.

la posibilidad de notificar por parte de los médicos, más no denunciar judicialmente, los casos de violencia intrafamiliar como casos de salud pública se abrió paso ayer para dirimir el conflicto de intereses que plantearon los facultativos ante la reglamentación de la Ley 1257 sobre agresiones de género.

El ambiente en los círculos políticos antioqueños está muy candente, pues se asegura que la administración Fajardo está haciendo una revisión muy detallada de todas las dependencias, contratos, proyectos y presupuestos de las distintas entidades, y que en pocos días entregaría una primera parte de la tarea, de la cual podría derivarse un buen número de denuncias y peticiones de investigación a la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y otros entes de control. Se dice que ex funcionarios de la administración Ramos ya alistan las respectivas réplicas y que la controversia se iría a ligas mayores de la política paisa.